Los proyectos de conservación y el despojo
del territorio de comunidades indigenas
Oaxaca es uno de los estados con
mayor biodiversidad en México, una de las regiones, -La Sierra Norte – es
considerada de gran diversidad biológica por poseer 9 diferentes tipos de
vegetación, una riqueza de especies, endemismos, y diversidad de hábitats. Estas
características han motivado que la Sierra Norte se haya incluido dentro de las
Áreas Terrestres Prioritarias para la Conservación definidas por CONABIO:
Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe Región Terrestre Prioritaria (Arriaga
& Espinoza & Aguilar & Martínez & Gómez, 2000).
Durante el año 2000, SERBO A.C., una Organización Civil de Oaxaca, delimitó en
la región a partir de estudios de vegetación y uso del suelo para la
conformación de áreas prioritarias para la conservación una ellas, denominada
Cuasimulco, que engloba a las comunidades del Rincón de Ixtlán, entre otras
(González, 2000).
El Rincón de Ixtlán, como haremos
referencia de ahora en adelante, engloba a 9 comunidades indígenas zapotecas
que se autodenominan Xhidza. En esta zona se encuentran cinco tipos de
vegetación: bosques de encino, bosque de pino, bosque de pino – encino, bosque
mesófilo de montaña y selva alta perennifolia (Bolaños, 2012). Las actividades
principales son la agricultura y el cultivo del café, la propiedad de la tierra
es comunal y su forma de organización es comunitaria y regional.
A inicios del siglo XXI emergió el
mercado de los servicios ambientales que se potenció con el mercado de los
recursos genéticos (Toledo, 2008). Los pagos por servicios ambientales (PSA)
son instrumentos utilizados para recompensar a los dueños de la tierra por
ciertos tipos de uso o manejo de los recursos naturales que generan servicios
ambientales para terceros (Madrid, 2012).
En ese sentido, en el año 2003
comunidades cafetaleras del rincón de Ixtlán se integran al programa de Pagos
por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), programa que impulsó el gobierno
mexicano a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con la finalidad
de apoyar la captura de agua en las principales montañas del país (Anta, 2006).
Para el 2004, la CONAFOR publica la
convocatoria para el Programa de Servicios Ambientales-PSA- CABSA (Captura de
Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales) en su modalidad de cultivos
de sombra, siendo uno de los requisitos estar certificados o en el proceso de
certificación agraria a través del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Anta, 2006). Al menos dos
comunidades del Rincón de Ixtlán iniciaron con el proceso de certificación para
poder acceder a los programas PSA- CABSA.
La venta de servicios ambientales se
ha presentado por las consultoras y corporaciones conservacionistas como una
oportunidad en la que las comunidades locales pueden recibir una compensación
por proteger los ecosistemas y a la biodiversidad (Instituto de Estudios
Ecologistas del Tercer mundo, 2006). Sin embargo uno de los problemas es que no
genera alternativas económicas independientes del subsidio que garanticen la
conservación de los bosques en el largo plazo (Madrid, 2012).
Actualmente las comunidades del
rincón de Ixtlán reciben pagos en tres modalidades: sistemas agroforestales,
servicios ambientales hidrológicos y captura de carbono. Sin embargo, existen
muchas dudas acerca de estos programas, ya que las comunidades no cuentan con
expedientes completos, no existe transparencia y adecuada rendición de cuentas
sobre los recursos económicos que llegan producto de la conservación, generando
cierta desconfianza al interior de las comunidades (comunicación personal con
autoridades locales, 2016).
Se suman a lo anterior, los convenios
establecidos entre las comunidades y quienes pagan por la conservación, ya que
durante el periodo que dura el programa PSA, las comunidades no pueden hacer
uso del territorio. Es decir, no pueden cazar, ni tener acceso a plantas,
hongos, leña, tampoco pueden sembrar maíz, actividades importantes para la
subsistencia de las familias. En este sentido Toledo (2008), menciona que los
contratos por servicios ambientales en cierta forma hipotecan y ceden el
control de los territorios, conocimientos y recursos. Los servicios ambientales
se convierten entonces en una forma de venta de derecho del uso del territorio,
garantizando el derecho exclusivamente a las corporaciones.
Existen muchas dudas sobre los
programas y proyectos ya mencionados, algunas comunidades que han decidido
salir de ellos enfrentan una serie de presiones por parte de las consultoras
para seguir dentro del programa PSA-CABSA. De la misma manera, instancias
gubernamentales como la Procuraduría Agraria tratan de incidir para que las
comunidades que no entraron al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), regularicen su situación ante el
programa actual, para poder acceder a nuevos proyectos.
El panorama en materia ambiental en
Oaxaca es muy complejo, principalmente después del 31 de octubre de 2013,
cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático, por lo que se espera el impulso de
nuevos proyectos como REDD+ y Protocolo de Nagoya que en teoría pretenden un
reparto justo y equitativo de beneficios derivado de la biodiversidad. En el
Rincón de Ixtlán se prevé la posibilidad de establecer un área de protección
especial ante la CONANP como Corredor Biológico. Sin embargo, es importante
mencionar que ninguno de los proyectos anteriores ha pasado por un proceso
adecuado de consulta a las comunidades y pueblos indígenas, violando los
derechos de libre determinación de los pueblos indígenas, así como los de
consulta libre, previa e informada para alcanzar su consentimiento, de acuerdo
al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A manera de conclusión podemos decir
que no existe un proceso de gobernanza en la región, ya que se omite la
participación de las comunidades en el diseño de las políticas públicas que
impactan la zona. No existe un respeto hacia las instancias de toma de decisiones
locales como es la asamblea comunitaria. Al final, los que obtienen algún
beneficio son las consultoras y organizaciones civiles que obtienen
financiamientos por el PSA-CABSA y de su intervención como enlaces o
intermediarios con las empresas principalmente privadas que pagan por la
conservación de los bosques. Las realmente beneficiarias son entonces y de
acuerdo con Toledo (2008), las grandes corporaciones conservacionistas cuya
propuesta sigue siendo la venta de bienes y servicios, esto incluye además de
la captura de carbono, otros como el etnoturismo, la bioprospección, hasta el
acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos ancestrales.
Fuente: Ecoosfera
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